Por: Berly García Nuñez
Las corrientes
liberales del siglo XIX que la fraguaron
La corriente constitucional del
siglo XIX de corte liberal y constitucionalista, con principios fundamentales
de primera generación, inspiró el constitucionalismo de la mayor parte de los
países latinoamericanos que obtuvieron su independencia, incluyendo al
dominicano.
En ese sentido, la Constitución
dominicana de 1844 fue redactada tomando el espíritu del pensamiento liberal
europeo y norteamericano, teniendo como trasfondo las ideas del contrato social
de Rousseau y las ideas que inspiraron la revolución francesa. Entre las
constituciones que sirvieron de modelo para elaborar la nuestra estaban (i) la
Constitución española de 1812; (ii) la Constitución haitiana de 1843 y, a su
través, la Constitución de 1801 de Toussaint Louverture y la de 1816; (iii) la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y su Constitución de
1787; (iv) las Constituciones revolucionarias francesas de 1791, 1793 y 1795.
Asimismo, la misma fue inspirada en el Proyecto de Constitución Duarte de junio
de 1844.
El influjo de la Constitución
gaditana en la Constitución Dominicana es evidente, al igual que en muchas
otras de los diferentes países iberoamericanos. Sin embargo, tal influencia
puede ser calificada como de residual, tal como sostiene la doctrina dominicana[1].
En cualquier caso, sí podemos destacar como algunos de los influjos de la
Constitución de Cádiz las Diputaciones Provinciales y la libertad de imprenta.
En ese sentido, Vega Boyrie y Campillo Pérez sostienen que la institución de las
Diputaciones Provinciales fue la principal herencia de la Constitución de Cádiz
en el texto de 1844 en el que, al menos, once de sus artículos siguen muy de
cerca el texto español con diferencias mínimas. Por su parte, la libertad de
imprenta fue el verdadero motor de la independencia dominicana al vehicular en
los periódicos y revistas de modo encubierto las consignas de los grupos
pro-independentistas, especialmente la Trinitaria, sirviendo de germen a la
formación del espíritu liberal en la República Dominicana.
Según Campillo Pérez, la fuente
doctrinal que al momento de redactar la Constitución de 1844 resultaba más
reciente era la Constitución haitiana de 1843, pues los redactores principales
del borrador de nuestra primera Constitución habían sido miembros de la
Asamblea Constituyente de Puerto Príncipe y compartían en esos momentos el
credo político de los revolucionarios haitianos que habían derrocado al
presidente Jean Pierre Boyer. Por ello, tanto el propio texto de la
independencia de Núñez de Cáceres como la Constitución de 1844 fueron en gran
medida elaborados a partir de la experiencia haitiana con la intención de
impedir que el absolutismo y el personalismo político volvieran a cobrar cuerpo
en el país. En ese sentido, los constituyentes dominicanos copiaron de la
Constitución Haitiana de 1843 casi literalmente 100 de sus 210 artículos[2], referidos fundamentalmente a la
concepción de la propiedad, de la igualdad, de la libertad y de la seguridad
política.
Por su parte, Rodríguez Demorizi
añade como fundamental la inspiración que supuso el Acta de Independencia de
los Estados Unidos de 1776 en el manifiesto del 16 de enero de 1844, el cual es
una versión dominicana de aquel[3]. La
influencia del constitucionalismo americano se sintió, asimismo, en el cuerpo
legal finalmente aprobado el
6 de noviembre de 1844, que toma de aquel la organización
del Estado en tres poderes públicos y la organización del Congreso Nacional
adoptando un sistema legislativo bicameral, dividido en un Senado y una Cámara
con Representantes de las Comunas.
Respecto a la influencia francesa,
indisoluble al Estado dominicano durante la ocupación haitiana desde 1822 hasta
1844 en el que los códigos franceses desplazaron al legado jurídico español,
esta se muestra evidente, tal y como detalla Rodríguez Gómez, a través de la
Declaración de Derechos. Así, en el preámbulo del cuerpo normativo dominicano
se declara, con una fórmula casi literal de la propia declaración de 1789, que
uno de sus objetivos era “afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad,
propiedad, libertad e igualdad”.
Por su parte, la Declaración de
Derechos es transcripción literal de la declaración francesa[4]. Como
consecuencia de ello, se reconocieron una serie de derechos fundamentales
novedosos y alentadores para el pueblo dominicano, tales como la abolición de
la esclavitud, el principio de legalidad, el derecho de propiedad, la libertad
de asociación, la educación gratuita, la libertad de asociación, la libertad de
acceso a empleos o funciones públicas, la prohibición del encarcelamiento sin
resolución motivada o la adquisición de la nacionalidad por vía del “ius
sanguini”.
En esta misma línea, Moya Pons
menciona que nuestra primera Constitución seguía muy de cerca el texto
constitucional francés de 1795 pues, entre otras cosas, incluía la declaración
de los derechos y deberes del hombre y los ciudadanos y diversas garantías a
las libertades públicas[5].
La naturaleza “semántica” de la
Constitución
La historia constitucional de
América latina, según relata Flavio Darío Espinal, nos ha demostrado que el
paso a la democracia desde regímenes autoritarios precisaba que se produjesen
previamente “dos transiciones”. Una primera transición que diera lugar a la
elección de gobiernos democráticos, y otra segunda que necesariamente debía de
consistir en el establecimiento de instituciones democráticas “reales” y no
solamente formales.
En los primeros momentos de nuestra
historia constitucional se produjo únicamente la materialización de la primera transición,
pues la segunda no fue posible al carecerse de apoyo político para ello. En
todo caso, nuestras primeras experiencias constitucionales son equiparables a
las de la generalidad de los países de nuestro entorno, consistiendo todas
ellas en la elaboración de textos constituciones sin la base lógica de la
construcción de las instituciones sociales y políticas necesarias para
respaldarlas y sustentarlas.
A ello se añade particularmente que
el constitucionalismo dominicano se inició sin que el pueblo dominicano hubiera
tenido la más mínima experiencia de autogobierno, y sin que la Constitución de
1844 pudiera modificar los patrones autoritarios de ejercicio del poder que
hasta entonces lo habían caracterizado[6].
De esta opinión es Rodríguez Gómez,
para quien lo que verdaderamente interesaba tras la proclamación de la
independencia en febrero de 1844 era la articulación de un gobierno acorde con
los intereses políticos y económicos de los sectores que terminaron imponiendo
su lógica en el proceso de creación constitucional, no estando presente en
ellos la idea de una Constitución bajo cuyo imperio se desarrollara toda la
actividad de los órganos políticos por ella configurados. Muy al contrario, en
ellos sólo estaba presente el imperativo de organizar un gobierno a cuyos
intereses y necesidades debía adecuarse cualquier iniciativa constitucional y,
por ende, cualquier concepción de los derechos[7].
También comparte esta visión
Pellerano Gómez, quien afirma que, desde sus inicios, la Constitución
dominicana de 1844 se había convertido en un instrumento de dominación al
servicio de las fuerzas sociales que dominaban el estado, quienes encontraron
en ella la expresión jurídica de su concepción del ejercicio del poder político[8].
En esta misma línea, Perdomo Cordero
asevera finalmente que el constitucionalismo dominicano fue hijo de su tiempo y
sus circunstancias, inspirado en las teorías liberales en boga en ese momento
en Latinoamérica, pero no logró escapar a la intención política última con las
que se implantaron la mayor parte de las constituciones latinoamericanas, que
no era otra que la de legitimar el control del poder político por un grupo
específico de población[9],
concluyendo este autor, por tanto, que nuestra primera Constitución presentaba
un grave déficit democrático.
A esta conclusión llega, por su
parte, Jorge Prats quien recuerda lo siguiente:
“Si hay algo criticable en nuestro
constitucionalismo histórico no es tanto que la inestabilidad política haya
propiciado la reforma constitucional, sino que muchas veces, aunque no siempre,
la sucesión de las diversas constituciones se lleva a cabo mediante la ruptura,
es decir, los cambios constitucionales se han realizado ignorando el sistema de
reforma constitucional previsto en el texto constitucional. Ello se ha debido
en gran medida al carácter militar de los actos que determinan los cambios
políticos en nuestra historia”[10].
Por todo ello, podemos concluir que
la Constitución de San Cristóbal y, por extensión, la mayor parte de las
constituciones de la República Dominicana han sido, siguiendo en este punto la
clasificación de K. Loewenstein, meramente nominales[11],
refiriendo el citado autor que las Constituciones nominales pueden acabar
siendo normativas en cuanto dominen eficazmente el proceso del Poder,
ocurriendo en nuestro caso, que la Constitución Dominicana surge prematuramente
de una situación autocrática.
La primera República Dominicana. Desde la Proclamación de la Independencia de 1844 hasta la anexión a España en 1865.
Debido a las razones que acabamos
de exponer derivadas de su naturaleza “semántica”, con la Constitución de 1844
la inestabilidad política a la que venía acostumbrada el pueblo dominicano se
consolidó, de forma que los regímenes autocráticos o dictatoriales fueron
tónica general, se militarizó la política, y se sucedieron los regímenes
militares que acompañaban a cada gobernante. Este periodo estuvo presidido por
dos constantes que lamentablemente han tratado de perpetuarse hasta nuestros
días: la insistencia en atribuirse el gobierno de turno amplios poderes
presidenciales, y la pretensión de perpetuarse en su reelección[12].
Estas constantes encuentran sus
orígenes en el artículo 210 de Pedro Santana, primer presidente de la República
Dominicana[13], con el
que se mancilló nuestra primera Carta magna, otorgándole un ingente poder
discrecional dentro del propio Estado. También cabe destacar, según Peña Gómez,
la peculiaridad del artículo 160 de nuestra primera constitución, al consignar
el voto indirecto y restringido y convirtiendo, con ello, el derecho al voto en
privilegio de una clase social, en detrimento de la generalidad del pueblo dominicano.
Así, gozaba de este derecho únicamente todo el que dispusiese de bienes raíces,
fuera empleado público, oficial del ejército, profesor o arrendatario de alguna
actividad rural de cultivo. Tal artículo fue justificado por la comisión
redactora con el siguiente argumento:
“por no prescindir del natural temor de
que, adulterada la verdadera voluntad del pueblo, se eligiera para
representarlo a individuos que carezcan de dotes necesarias para corresponder
dignamente a tan alta confianza” [14].
Hubo que esperar hasta reforma del
texto constitucional de 25 de febrero de 1854, la primera de las modificaciones
del texto de 1844, para que se suprimiera el citado artículo 210[15], con la
consiguiente restricción de poderes al ejecutivo en favor del poder judicial y
del Congreso.
La segunda reforma constitucional,
la de 1854, fue proclamada el 23 de diciembre por un Congreso Revisor con el
objetivo de satisfacer las apetencias de control, dominio y poder del
presidente Pedro Santana. En ella se incluía un nuevo artículo, el 35 numeral
22, que rescató las mismas exoneraciones que contenía el artículo 210 de la
Constitución de 1844[16],
convirtiendo este texto constitucional, en el preferido por las dictaduras
dominicanas del siglo XIX.
Según Peña Gómez, la extensa y repetida
vigencia que gozó la Constitución de 1854, promulgada en diciembre de ese año,
derogada en junio de 1858, y posteriormente restablecida por Santana en
septiembre de 1858, es la demostración más palpable del fracaso de la
democracia en nuestro país[17].
El 19 de febrero de 1858 se
proclamó la Constitución de Moca, considerada por la doctrina como una de las
más democráticas de la República Dominicana por hacer especial incidencia en
derechos fundamentales que, aunque ya habían sido previamente reconocidos, se
ejercían tímidamente, entre otros los siguientes: el libre pensamiento, la
inviolabilidad de la correspondencia y otros tan relevantes como la pena de
muerte o la esclavitud, donde se establece que la misma no deberá existir jamás
en la República. Esta reforma constitucional introdujo ansiados anhelos
históricos, como la prohibición de la reelección presidencial, la inamovilidad
de los jueces, la imposibilidad que la autoridad militar dirigiera la
Administración pública y la supremacía de la Constitución. Igualmente,
establecía la forma del gobierno dominicano que era civil, republicano,
popular, representativo, electivo y responsable, instituyendo el sufragio
universal como verdadero cambio dentro del sistema de gobierno. Sin embargo,
muchos de estos avances, se quedaron en el tintero.
En marzo de 1861, el General Pedro
Santana, anexó oficialmente la República Dominicana a España.
La segunda República Dominicana. Desde la Restauración Soberana del Estado en 1865 hasta la intervención estadounidense de 1916
El periodo constitucional
dominicano denominado segunda república, se “re-inició” tras la gesta
restauradora de 1865 después de haber estado anexionado el país a España
durante 4 años[18]. Durante
este segundo periodo constitucional el país contó con 17 reformas de la Carta
magna, siendo la más relevante la reforma de 1865[19],
que estableció el sufragio universal sin más condiciones para votar que ser
ciudadano y tener al menos 18 años de edad. Recordemos que, hasta la fecha, el
voto estaba restringido a los ciudadanos ilustrados o acaudalados y observemos
también el detalle que a pesar del avance de la democracia que supuso el reconocimiento
del derecho del voto al pueblo, al momento, el titulo de ciudadano, no se le
atribuía a la mujer[20].
Asimismo, debe notarse que desde
que el país recobró de nuevo la independencia y hasta la posterior intervención
estadounidense de 1916 se sucedieron algo más de 50 alternancias presidenciales
que obedecieron a la inestabilidad en los gobiernos de la república.
Restaurada la independencia,
Buenaventura Báez logró que en la reforma de 1865 se incluyera en el art 74.5a
una figura parecida a la de la dictadura Santanista, en virtud de la cual se
atribuían el poder ejecutivo, sin mediación del legislativo, poderes sobre las
guardias nacionales para así asegurar la seguridad interior de las provincias o
en caso de guerra. Esta constitución fue posteriormente derogada por el
triunvirato compuesto por el General Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel y
Federico de Jesús García en mayo de ese mismo año.
Posteriormente, la Convención
nacional del 23 de abril de 1868 rehabilitó de nuevo la Constitución de 1854
con ligeras modificaciones, siendo utilizada como fundamento jurídico del
gobierno de los seis años de Buenaventura Báez[21],
calificado según Peña Gómez como una de las más sangrientas dictaduras de
partido que ha conocido la Republica[22],
alternándose seguidamente la sucesión de gobiernos hasta 1887.
Durante este periodo los
enfrentamientos entre Báez y Santana debilitaron el sistema político hasta tal
punto que emergieron nuevos mandatarios que impusieron una nueva y férrea
dictadura militar, tal es el caso del propio Monseñor Fernando Arturo de Meriño
(1880-1882) como presidente del país, llegando incluso a suspender el derecho a
la vida de los ciudadanos.
Así, por el Decreto de San Fernando
del 30 de mayo de 1880[23] monseñor
Fernando Arturo de Meriño fue designado como presidente del país, mientras que
Ulises Heureaux (1882-1889) se autoproclamó Dictador, suspendiendo el Congreso
y el Estado de derecho. Incómodo este último con la constitución vigente hasta
el momento creada por su rival Báez, modificó la Carta Magna confeccionándola a
su medida cuantas veces estimó necesario, destacando de entre ellas la reforma
acaecida en 1896, en la que se elimina la prohibición de reelección
presidencial.
Hay que destacar que durante este
periodo de nuestra historia política nuestros dictadores más tiránicos,
Santana, Báez, Meriño o Heureaux, no necesitaron ampararse en ninguno de los
artículos constitucionales citados para proceder a su antojo, pues ejecutaban
sus acciones sin mediación o motivación alguna, sin lógicamente someterse a
arbitrio de la legalidad alguno y mucho menos de la Constitución en vigor. Tan
es así que las reformaban a su voluntad, sin que en ninguna reforma
constitucional de la época se respetasen las normas previstas para proceder a
su propia modificación.
Este período culminó con la primera
intervención norteamericana en 1916.
La Tercera República Dominicana. Desde el fin de la intervención estadounidense de 1924 hasta la crisis de abril de 1965.
La Republica Dominicana estuvo bajo
ocupación militar estadounidense entre 1916 y 1924. Durante esos años no estuvo
vigente ninguna Constitución. Finalizada la intervención norteamericana en 1924
se dio inicio a la Tercera República dominicana reformándose[24]
la Constitución en ese mismo año para profundizar en su condición democrática.
Esta reforma puede ser considerada como una de las más avanzadas dado que con
la misma se reconoce la libertad de trabajo, los
derechos intelectuales, la libertad de cultos y la libertad de tránsito.
Asimismo, se introduce la figura del habeas corpus.
De los 41 años que abarca esta
Tercera República es menester destacar que la misma padeció una dictadura
militar durante más de 34 años, que se caracterizó por una desmedida tiranía de
la mano de su principal participe, el general Leónidas Trujillo, quien, a los
seis años de la finalización de la ocupación norteamericana, inspiro un golpe
de Estado que le llevó al poder. Con ello se detuvo cualquier desarrollo
democrático y desapareció cualquier atisbo del Estado de Derecho[25].
Para Moya Pons la singularidad de
la estructura de dominación absoluta que implantó el general Trujillo[26]
en la República Dominicana no residiría en el uso político del ejército, ni
tampoco en el desmedido enriquecimiento personal que ansiaba el dictador, ni
siquiera en la subordinación política y económica de la clase dominante, sino
en el uso sistemático del mito y la mentira como instrumentos de
desconstrucción de la historia para así apropiarse fraudulentamente del
pensamiento social[27].
Uno de los acontecimientos
constitucionalmente más relevantes que sucedieron en este periodo vino
determinado por la reforma operada en 1955 sobre la Carta magna de 1942, con la
que la mujer alcanzó igualdad jurídica con el hombre, al acceder al derecho al
voto, si bien otros derechos sociales tuvieron que esperar a gozar de
referentes cercanos como lo supuso las declaraciones de derechos de las
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos de 1948. Con esta
reforma constitucional el constituyente incorporó las declaraciones
internacionales de derechos en su articulado y, con ello, buena parte de los
derechos económicos sociales y culturales de las mismas.
De la misma manera, esta reforma
dotó de eficacia jurídica directa a los derechos, cuya efectividad ya no
dependía de su eventual desarrollo por el órgano legislativo, legitimándose de
este modo un nuevo concepto de Constitución Dominicana que fundamenta el actual
Estado de Derecho Dominicano[28].
En cualquier caso, es imprescindible recordar cuanto hemos afirmado en el punto
III 2 sobre la naturaleza semántica de las Constituciones dominicanas, máxime
sobre la reforma constitucional de 1855 realizada en plena dictadura del
general Trujillo.
En 1963, recién finalizada la etapa
tiránica de este último, se promulgó la Constitución del 29 de abril de 1963 en
la que los derechos económicos y sociales, ya introducidos con la reforma de
1955, alcanzaron su máxima expresión, haciendo especial énfasis en los derechos
referentes al trabajo (este se consideraba un derecho y un deber al mismo
tiempo y se estableció la participación en los beneficios de la empresa, la no
discriminación en el trabajo, el derecho a la huelga y la libertad sindical).
También se consideró la propiedad como derecho reconocido y garantizado por el Estado,
se abolieron los latifundios y los minifundios y se estableció como obligación
del Estado el fomento de la instrucción pública con el fin de erradicar el
analfabetismo.
Con la muerte del general Trujillo,
el país pretendió el regreso de la democracia con el gobierno de Juan Bosch,
pero este únicamente alcanzó seis meses de duración pues los remanentes del
trujillismo perpetraron un golpe militar el 25 de diciembre del 1963.
En la madrugada de este día, los
comandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional proclamaron un Manifiesto
dirigido al pueblo dominicano por el que se deponía al presidente de la
República Juan Bosch y se declaraba “Inexistente la última constitución de la
Republica, votada por la constituyente y surgida de las últimas elecciones
generales”. La gravedad de este nuevo quebrantamiento constitucional la pone de
manifiesto el doctor Espinal en el siguiente pasaje:
“cuando
mandos militares derrocaron a Juan Bosch, primer presidente dominicano electo
democráticamente tras la caída de la dictadura trujillista. El objetivo de este
golpe de Estado no fue únicamente desplazar del poder a Bosch, sino también
desnaturalizar la Constitución del 29 de abril de 1963, considerada por muchos
como un hito en el constitucionalismo progresista dominicano provocando la
ruptura del orden constitucional dominicano”[29].
A resultas de este golpe de Estado,
se retornó a la Constitución de 1962 y el Gobierno se encomendó a un
triunvirato. En abril de 1965, estalló un levantamiento armado, de civiles y
militares por el retorno de Bosch a la presidencia, desatándose una guerra
civil que culminó en una nueva invasión estadounidense, y la ocupación del país
por la Organización de Estados Americanos con objeto de mediar la
reconciliación y de elaborar una nueva Carta Magna, alumbrándose así la
Constitución de 1966, que estuvo vigente en su esencia hasta la Constitución de
1994.
La Cuarta República Dominicana. Desde el fin de la Revolución de Abril de 1965 hasta la Reforma de la Constitución en 2010.
Superados los avatares de la
revolución de abril de 1965, el Acta Institucional firmada por el gobierno
constitucional de Francisco Caamaño y por el de reconstrucción nacional de
Antonio Imbert Barreras dispuso que el gobierno que resultara electo en 1966 convocara
una asamblea constituyente.
La realidad fue contraria a esta
previsión, pues alcanzó la victoria en esas elecciones Joaquín Balaguer, quien
no acató el Acta Institucional y se atribuyó la facultad, en palabras del
doctor Espinal, de actuar como cuasi-monarca electo y, en razón de ello, hacer
una nueva Constitución. Esta nueva Carta magna de 1966[30]
aun pudiendo ser criticada por su carácter autoritario, resultó ser la
Constitución de mayor vigencia en toda nuestra historia constitucional,
Lochward Mella, citando a Dhal,
expone que los órganos electorales dominicanos de esta época desconocieron que
la función de todo organismo de esta naturaleza ha de consistir en asegurar la
imparcialidad y eficacia del sistema electoral para que así las elecciones se
celebren de una manera libre y limpia. Dhal se refiere a la democracia
dominicana como una de las 35 cuasi-poliarquías del mundo[31],
dado que en ese periodo únicamente se habían celebrado unas elecciones limpias,
siendo las de 1966 pues “las elecciones de 1970 y las de 1974 no fueron
competitivas, ni libres ni limpias” [32].
Al igual que las anteriores olas
democráticas llegaron afortunadamente a nuestra tierra, la tercera ola
democratizadora que comenzó con la revolución de los claveles de Portugal en
1974 terminó arribando a la República Dominicana con las elecciones de 1978 que
ponían fin al gobierno no competitivo de Balaguer.
En cuanto a la vigencia de la Carta
Magna de 1966, debemos recordar, con Perdomo Cordero, que esta ha de ser
considerada como la Constitución vigente hasta 2010, dado que las reformas de
1994 y 2002 deben ser consideradas simples revisiones que no dieron inicio a un
nuevo sistema constitucional, mientras que la Constitución de 2010, aunque no
implicó un cambio del orden constitucional, sí se trató de una nueva
Constitución[33].
La primera ocasión que se revisó la
Carta Magna fue en 1994[34]
fue como consecuencia de la crisis política electoral surgida de las elecciones
presidenciales y congresionales del 16 de mayo de 1994 que enfrentaron a
Joaquín Balaguer y José Francisco Peña. La gravedad de las acusaciones de
fraude en estas elecciones obligó a la mediación de la Organización de Estados
Americanos y de la Iglesia Católica entre los dos líderes de los partidos que
se disputaban el poder.
La siguiente revisión
constitucional que tuvo la Constitución de 1966 sucedió en el año 2002
demostrando la mala memoria del legislador dominicano, consistiendo básicamente
en posibilitar la reelección presidencial, bien que limitada a un nuevo periodo
legislativo y sin posibilidad de optar posteriormente a la reelección. Con ello
nuestro constituyente recuperó el instrumento más habitualmente utilizado por
las dictaduras de nuestro pasado.
Finalmente, la Constitución del año
2010 se muestra como el súmmum del constitucionalismo dominicano en cuanto
preserva los logros del mismo. Contempla el derecho a la vida, igualdad y
dignidad humana, la libertad y la seguridad, también la igualdad de género y
dota de categoría constitucional al habeas corpus y la acción de amparo.
Igualmente, también prevé la participación popular para presentación de
proyectos de leyes ante el Congreso. En esta misma línea, regula
pormenorizadamente los derechos sociales y económicos y, junto a ellos,
incorpora los derechos denominados de tercera generación.
También como novedad se consignó el
derecho de toda persona a obtener la tutela judicial efectiva con respeto al
debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas,
garantía que aunque ha estado presente, lo fuera de modo innominado en nuestra
constitución, situándose ahora literalmente en el articulado.
Debe destacarse, igualmente, la
creación de organismos capaces de garantizar el respeto a la Constitución tales
como el propio Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, Los
Tribunales Administrativos, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior
del Ministerio Público y se dio categoría constitucional al Defensor del
Pueblo.
Cuestión distinta a nuestro juicio
lo suponen a los ojos de hoy y no de aquel 26 de enero de 2010 que la
Constitución más moderna e importante que haya podido gozar nuestro país fuera
nuevamente encartada por los intereses partidistas y volver a ser revisada para
posibilitar “de modo legal” la ilegitima reelección presidencial, por lo que
tendremos que volver a las teorías de Dhal y volver a ser calificados como una
cuasi-poliarquía, esto es, que el gobierno dominicano solo es cuestión de
algunos, o siguiendo con la metáfora empleada por Loewenstein, la Constitución
Dominicana es un traje que ha de esperar a que el cuerpo se amolde, como
nuevamente hemos comprobado.
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