Por: Jonattan A. Boyero Galán.
Desde el nacimiento de la República, han existido grandes
factores generadores de violencia, entre ellos: La pobreza, desigualdad social,
el desempleo, la falta de educación, la pérdida de los valores familiares, morales
y cívicos, etc.
Lógicamente,
tratándose del país en el que vivimos, la eliminación de esos factores se ha
convertido en una demanda continua de la población y fuente permanente de
sustentación de la demagogia política; sobre manera en estos últimos tiempos
donde todo dominicano ha sido testigo del anormal crecimiento de males sociales
que colman de gran preocupación.
Y es que, para nuestra sociedad es vital lograr un mínimo de
estabilidad jurídica; para desplazarnos con libertad hacia nuestros trabajos,
escuelas, universidades, iglesias, etc., y vivir en nuestros hogares con la
tranquilidad que se requiere. En ese sentido, debemos tener claro que para
lograr dicha estabilidad, debemos luchar contra la inseguridad jurídica, la
cual tiene efectos muy nocivos contra la convivencia pacífica de los
ciudadanos.
Básicamente, esa inseguridad que vivimos se sustenta sobre la
base del poco valor que los delincuentes, envalentonados por la impunidad, le
dan a la vida, el don más valioso que nos ha dado el creador. Nadie tiene
derecho a atentar contra la vida de otros seres humanos, muy por el contrario,
es un deber de cada ciudadano cuidar su propia vida y la de los demás.
Los males sociales citados, la alta incidencia de
delincuencia, violencia y la inseguridad ciudadana no han sido superados con la
Ley No. 76-02 que implementó el “Nuevo Código Procesal Penal”, por el
contrario, la población percibe que la impunidad se ha convertido en el aliado
permanente de la delincuencia, se ha perdido la fe, la confianza y la credibilidad
en la administración de justicia. Lamentablemente es comprensible, pues es muy
doloroso para los ciudadanos ver cómo, por tecnicismos jurídicos, personas que
roban, violan, quitan la vida a ciudadanos honestos, queden libres y sin
recibir su debida sanción.
Si bien es cierto que la percepción que se tiene de la
Justicia en el sentir popular es que los Jueces no hacen su trabajo al momento
de afrontar un proceso, no menos cierto es que los mismos simplemente intentan
hacer “Justicia” con los elementos de prueba que se les presentan. Ni más, ni
menos. El trabajo de recolección, acreditación, presentación y demás, es
realizado por Fiscales y juristas que a menudo carecen de aptitudes procesales
que en modo alguno y en aras de llevar los procesos cubiertos de imparcialidad,
pueden ser subsanadas por los Jueces.
Ejercemos la profesión dentro de un sistema jurídico penal “filosóficamente garantista”, pero carente de recursos humanos y logísticos para hacerlo efectivo; Cualquier estadio en el cual sea una titánica proeza reunir las evidencias a favor o en descargo de una acusación, se convierte, en la práctica, en un estímulo a la impunidad del delincuente. Ahora bien, la pregunta seria, ¿Vendrá la tan criticada Ley No. 10-15, que introduce modificaciones a la precitada Ley No. 76-02, a cubrir esas falencias que adolece nuestro ordenamiento penal y brindar aires de esperanza a la sociedad dominicana? Eso solo lo dirá la práctica y el día a día...
Ejercemos la profesión dentro de un sistema jurídico penal “filosóficamente garantista”, pero carente de recursos humanos y logísticos para hacerlo efectivo; Cualquier estadio en el cual sea una titánica proeza reunir las evidencias a favor o en descargo de una acusación, se convierte, en la práctica, en un estímulo a la impunidad del delincuente. Ahora bien, la pregunta seria, ¿Vendrá la tan criticada Ley No. 10-15, que introduce modificaciones a la precitada Ley No. 76-02, a cubrir esas falencias que adolece nuestro ordenamiento penal y brindar aires de esperanza a la sociedad dominicana? Eso solo lo dirá la práctica y el día a día...
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