AbogadoSDQ

Por: Jonattan A. Boyero Galán. Desde el nacimiento de la República, han existido grandes factores generadores de violencia, entre ellos: La pobreza, desigualdad social, el desempleo, la falta de educación, la pérdida de los valores familiares, morales y cívicos, etc. Lógicamente, tratándose del país en el que vivimos, la eliminación de esos factores se ha convertido en una demanda continua de la población y fuente permanente de sustentación de la demagogia política; sobre manera en estos últimos tiempos donde todo dominicano ha sido testigo del anormal crecimiento de males sociales que colman de gran preocupación. Y es que, para nuestra sociedad es vital lograr un mínimo de estabilidad jurídica; para desplazarnos con libertad hacia nuestros trabajos, escuelas, universidades, iglesias, etc., y vivir en nuestros hogares con la tranquilidad que se requiere. En ese sentido, debemos tener claro que para lograr dicha estabilidad, debemos luchar contra la inseguridad jurídica, ...

Por: Denny E. Díaz M.  (@demordan ) El control de la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública está expresamente consagrado en el artículo 139 de la Constitución. De acuerdo a dicho precepto no puede haber un solo acto de la administración, sin importar su característica, exento del control jurisdiccional. Conforme a las disposiciones de la Ley Electoral Núm. 275-97, (parcialmente derogada por la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral), antes del 26 de enero de 2010 todo lo relacionado con el derecho electoral y los partidos políticos era competencia exclusiva de la Junta Central Electoral y sus órganos. Sin embargo, hoy en día las atribuciones en materia electoral han sido divididas entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, por cuanto la primera mantiene a su cargo la administración de los procesos electorales y el segundo se encarga de juzgar con carácter definitivo los asuntos contenciosos-electorales, tal y c...

Por: Jonattan A. Boyero Galán. En un mundo como el actual en el que los excesos, abusos e irracionalidades se han convertido en un modus vivendi cada vez más generalizado, se hace necesario establecer parámetros bien definidos que delimiten las actuaciones del representante del Estado en el proceso penal, de suerte que impida al Ministerio Publico seguir el desafortunado camino por el que hoy transita a consecuencia de su poder ilimitado. El Derecho como ciencia encargada de normar la vida del imputado en el proceso penal, tiene el deber fundamental de concebir herramientas jurídicas justas y equilibradas que además de prefijar las obligaciones y derechos de los individuos, fomenten el uso racional de estos últimos (los derechos), de tal manera que un ejercicio obtuso y radical de las prerrogativas no termine por destruir a los demás y de paso contribuir con el desequilibrio social arrastrado por la antijuridicidad. Tenía razón el gran pensador Voltaire cuando apuntaba q...

Por: Mag. Yoaldo Hernández Perera. E l  embargo inmobiliario , dada la naturaleza de los bienes que le sirven de objeto (inmuebles), los cuales en principio son de mayor valía que los bienes muebles [1] , está celosamente estructurado, en términos procesales. Justamente por eso, es susceptible de situaciones incidentales que pudieran retardar la expropiación descomedidamente:  en la medida en que el proceso es más complejo, con plazos fatales, formalidades de registro e inscripción, etc., se crean más condiciones para derivar incidentes, muchas veces con el firme propósito de evitar la adjudicación. A partir de lo anterior, la tendencia ha venido siendo hacia concentrar todos los asuntos derivados del procedimiento del embargo inmobiliario para que lo conozca un mismo juez, que es el juez del embargo; esto así, a fines de evitar una contradicción de decisiones, como pudiera ser  –por ejemplo-  que un tribunal determinado acoja una nulidad de mandamiento de pag...

Por: Jonattan A. Boyero Galán. “Era haragán”, “incumplidor”, “me demandó en reclamo de prestaciones laborales”, etc… son algunas quejas comúnmente expresadas por ex empleadores inconformes con las labores rendidas por ex empleados. Esta razón mueve a preguntarse: ¿Cuántos de nosotros no hemos referido negativamente a ex empleados ante el cuestionamiento de sus potenciales empleadores, sin pensar fríamente que les estamos impidiendo desarrollarse en sociedad, posiblemente coartándoles del único sustento a sus respectivas familias por simplemente haber sufrido una mala experiencia? Seguro que más de uno… Según www.trabajando.com, 6 de cada 10 profesionales a nivel mundial que buscan empleo han sido rechazados por reclutadores que han recibido una mala referencia laboral. Si bien es cierto que nuestro Código de Trabajo en su artículo 70 dispone que “A la terminación de todo contrato de trabajo por cualquier causa que esta se produzca, el empleador debe dar un certifica...