Por: William Vizcaíno Canario
Bien sabemos que la expropiación forzosa es un tema bastante
controversial y que ha cobrado auge con las disposiciones del artículo 51.1
constitucional. La problemática inicia con la estrecha línea divisoria entre el
acto expropiatorio directo y el acto entorpecedor de los intereses y derechos
de aquella persona que posee un título legal sobre una propiedad privada, en
beneficio del interés general; en tal sentido, este último comporta el
escenario en el que se configura una expropiación indirecta, la cual, puede ser
legítima o ilegitima, como veremos más adelante. A la fecha esta institución
jurídica no se encuentra delimitada por ningún instrumento jurídico de nuestro
ordenamiento, de ahí nuestra inquietud en realizar algunas precisiones para
evitar que con su uso se conculquen derechos consolidados.
Para comprender la figura de la expropiación indirecta en el derecho
interno dominicano, luego de conceptualizarla, se precisa analizar los
criterios desarrollados en los Estados Unidos y Perú debido a que son algunos
de los países en donde se hallaron soluciones pertinentes a la situación;
además, estaremos sugiriendo algunas medidas que el Estado dominicano podría
implementar para autorregular las actuaciones administrativas a través de las
que expropia indirectamente la propiedad privada. Esto lo hacemos con la
intención de que se logre materializar el fin perseguido por el Estado sin que
se genere algún perjuicio al propietario.
LA EXPROPIACIÓN FORZOSA DIRECTA E
INDIRECTA: CONCEPTOS
Recordemos que la expropiación obedece a un acto deliberado, voluntario
e intencional del Estado, a través del cual resulta afectado un título legal ─o
derecho─ de propiedad de forma definitiva y, efectivamente, el bien se
transfiere de los dominios de la persona al Estado. Esta privación forzosa del
derecho de propiedad se materializa mediante un procedimiento ─previsto en la
Constitución y la ley─ que conlleva el pago de una indemnización o compensación
previa que ha de ser justipreciada y única.
Sin embargo, el concepto abordado ─y a lo que se refiere nuestra Carta
Magna─ es inherente a la expropiación directa; no obstante, la cotidianidad
denota que el Estado dominicano incurre en la práctica de realizar
expropiaciones de carácter indirecto o takings[1],
como refiere el derecho norteamericano que es donde nace esta clase de
afectación al derecho de propiedad que, en suma, consiste en restricciones al
derecho de propiedad sin que ocurra una traslación del mismo.
No es ocioso resaltar que la figura de la expropiación indirecta ha
tenido una mayor transcendencia e implementación en el marco del derecho
internacional, específicamente en la rama de inversiones económicas; sin
embargo, como veremos más adelante, esta también ha impactado en el derecho
interno de algunos países.
La expropiación indirecta es «un
nuevo instituto del derecho internacional que se configura cuando se produce el
despojo del control, del uso de la propiedad o del goce de sus beneficios, a
través de una interferencia total o parcial por medio del Estado, que produzca
efectos irreversibles y de carácter permanente de magnitud tal, que haga
desaparecer toda manera de explotar el emprendimiento producto de la
inversión.»[2]. Esta acepción
─propia del derecho internacional─ puede ajustarse al derecho interno de un
país, máxime, cuando se trata del derecho a la propiedad privada de un bien
inmueble.
Dicho lo anterior, podríamos afirmar que la expropiación indirecta de un
bien inmobiliario por parte del Estado supone una medida administrativa
mediante la cual, dado el interés público que reviste el bien, se procede a
despojar al propietario ─en principio, temporalmente─ de las prerrogativas
inherentes a su derecho, sin perder su titularidad.
En consecuencia, esto revela que el Estado sirviéndose de la
expropiación indirecta tiende a privar a una persona del uso, beneficio o
disfrute de sus bienes sin que exista una ocupación física directa ni, mucho
menos, un traspaso de título formal; es decir, en términos llanos, que la
Administración Pública ─en su afán de velar por la protección de los intereses
públicos─ no le quita a las personas su derecho de propiedad sino que, como
consecuencia de las medidas que adopta, lo limita de forma tal que, en
ocasiones, este se torna inservible hasta un punto en que el propietario no
puede usar, gozar o usufructuar sus bienes a su antojo.
A diferencia de la expropiación directa, en la cual el traspaso de la
propiedad es lo habitual, en la indirecta, en ocasiones, ha de ser un tanto
difícil reconocer cuando estamos frente a una verdadera afectación de los
componentes del derecho de propiedad, de dimensiones tales, que parecería no
detentarse.
Determinar estas situaciones ─hasta cierto punto─ se contrae a un
estudio fáctico que amerita la observación de las circunstancias específicas de
cada caso para luego identificar si, con las medidas adoptadas por el Estado,
se produce alguna privación al derecho de propiedad de una persona; cuestión de
que el mismo resulte inservible e ineficaz.
ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA DE
LA EXPROPIACIÓN FORZOSA INDIRECTA
La expropiación indirecta, como habíamos indicado anteriormente, nace
con la figura de los takings
reconocida por los estadounidenses, estos datan de una fusión entre el
contenido de la quinta enmienda (cláusula expropiatoria) y la décimo cuarta
enmienda (debido proceso) de la Constitución norteamericana.
El peruano Velásquez Meléndez[3], analizando la
sinonimia que hay entre estos textos constitucionales y la figura estudiada,
considera que:
«[S]olo podrán aspirar a ser
legítimas las privaciones (takings)
con fines de utilidad pública que sigan un debido proceso y supongan una
indemnización. Sin embargo, no siempre el remedio procesal es la indemnización,
sino que también se opta por la eliminación o anulación de la medida, lo que
dependerá de las circunstancias del caso.
Lo que la Constitución no hace
expresamente, pero si la jurisprudencia de la Corte Suprema es identificar al
poder de dominio eminente y al poder de policía. El primero se identifica con
nuestra clásica expropiación forzosa. El segundo con el poder para dictar
medidas destinadas a proteger la salud, seguridad, moral o bienestar general.
Puede ocurrir, sin embargo, que esas medidas incidan excesivamente en la
propiedad, lesionándola. En ese caso no estaríamos ante el ejercicio del poder
de policía, sino ante un taking que
luego será entendida como expropiación indirecta. Llama la atención que a
diferencia de nosotros, en el derecho norteamericano toda limitación excesiva
de la propiedad será vista como expropiación indirecta. Esto se explica por el
distinto espíritu que subyace en uno y otro sistema constitucional.
Para nosotros la propiedad incluye
un complejo marco de situaciones jurídicas activas y pasivas que, de un lado,
permiten el uso, disfrute o disposición de bienes, pero, de otro lado, obligan
a ejercer estos atributos conforme al bien común, como prevé el artículo 70 de
nuestra Constitución. Por tanto, las limitaciones a ciertos usos de la
propiedad no contradicen su contenido, sino que forman parte de ella.
Lógicamente, si tal limitación es excesiva, constituirá una invasión ilegítima de
la propiedad.»
Abordando la figura de la expropiación forzosa indirecta en el marco del
derecho interno, el Tribunal Constitucional del Perú, en las sentencias del
Exp. No. 01753-2008-PA/TC del 20 de mayo de 2008 y del Exp. No.
00239-2010-PA/TC del 5 de noviembre de 2012, realizó las siguientes
precisiones:
«[L]a noción de expropiación
indirecta o expropiación regulatoria se aplica tanto en derecho internacional
como en derecho interno. Siguiendo múltiples pronunciamientos a través de
resoluciones expedidas por tribunales internacionales se ha clasificado a las
expropiaciones en dos tipos: directas, es decir, aquellos actos legislativos o
administrativos que transfieren el título y la posición física de un bien, e
indirectas, es decir, aquellos actos estatales que en la práctica producen una
pérdida de la administración, el uso o el control de un recurso, o una
significativa depreciación en el valor de los bienes. A su vez, se reconoce que
las expropiaciones indirectas se subdividen en expropiación progresiva, que son
aquellas donde se produce una lenta y paulatina privación de facultades del
derecho de propiedad del inversionista titular, lo que disminuye el valor del
activo; y las expropiaciones regulatorias que son aquellas donde la amenaza de
vulneración al derecho de propiedad se produce a través de regulación estatal.
A nivel interno, entendemos por
expropiación indirecta o expropiación regulatoria aquellas en donde la
Administración Pública a través de una sobrerregulación priva (total o
parcialmente) al propietario de un bien de uno o todos los atributos del
derecho de propiedad (ya sea del uso, del disfrute o de la disposición). El
derecho de propiedad sobre bienes tiene sentido en tanto permiten extraerle un
mayor provecho a los bienes. Si no se puede disponer, usar o disfrutar los
bienes, gozar de su titularidad carece de relevancia.
A pesar que no encontramos una
mención expresa en la Constitución relativa a la proscripción de las
expropiaciones indirectas, ello no significa que la Constitución las tolere.
Una interpretación constitucional válida nos lleva a que toda vez que la
Constitución reconoce, respeta y protege el derecho de propiedad de los
privados como parte del modelo de economía social de mercado al que se adscribe
y al establecer la exigencia de un adecuado procedimiento expropiatorio que
incluya un pago en efectivo de indemnización justipreciada para intervenir
sobre la propiedad de privados, las expropiaciones indirectas se encuentran
proscritas. Encontramos que las bases constitucionales que fundamentan la
protección contra las expropiaciones regulatorias o indirectas se encuentran en
el artículo 70, el artículo 2, inciso 2, el artículo 63, el artículo 71 y el
artículo 61 de la Constitución.»
De lo visto anteriormente se extrae que dentro de los elementos del
derecho de propiedad privada en materia inmobiliaria se encuentran las
limitaciones de uso que no vayan en detrimento del mismo; es decir que, el
Estado, en su facultad o poder de policía, puede disponer medidas que tengan por
objeto salvaguardar el interés público, amén de que estas afecten la propiedad
privada, sin que esto comporte una expropiación forzosa indirecta.
Ahora bien, la expropiación indirecta se da en el momento que esta
medida de preservación rebasa los límites que permiten un efectivo y eficaz
disfrute del derecho de propiedad, es decir, cuando la afectación alcanza
niveles excesivos que no permiten la concurrencia de los elementos básicos del
derecho de propiedad, los cuales ha definido el Tribunal Constitucional
dominicano en su sentencia TC/0088/12, del 15 de diciembre de 2012, de la
manera siguiente:
«[l]a concesión del derecho de
propiedad tiene tres dimensiones para que pueda ser efectivo, como son: el
goce, el disfrute y la disposición. Este derecho ha sido definido como el
derecho exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que
este bien produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo,
distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre los mismos.»
Es decir, que aun el Estado tome medidas tendentes a garantizar el bien
común, para que su injerencia o afectación al derecho de propiedad privada no
adquiera el matiz de expropiación indirecta ─en principio─ legítima y, entonces
se deba al agotamiento de un debido proceso de adquisición de la propiedad y
pago de una justa compensación, la misma debe permitir, aun mínimamente, la
presencia de los elementos citados anteriormente (goce, disfrute y
disposición).
A tales efectos, en un panorama similar ─aunque de una expropiación
forzosa directa─, también se ha referido el Tribunal Constitucional dominicano
en su sentencia TC/0205/13, del 13 de noviembre de 2013, al indicar que
«el derecho a la propiedad privada
no es absoluto al permitirse, por ejemplo, su restricción por razones de
utilidad pública o de interés social, siempre y cuando se practique dicha
limitación según los casos y las formas establecidas por la ley y de
conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmando dicha
corte que, en tales casos, el principio de legalidad es una condición
determinante para efectos de verificar la concurrencia de una vulneración al
derecho a la propiedad, y supone que la legislación que regule la privación del
derecho a la propiedad deba ser clara, específica y previsible.»
Tomando en cuenta la visión que se tiene en la República Dominicana
sobre el derecho de propiedad es que se hace necesario delimitar las
diferencias que existen entre los tipos de expropiaciones indirectas, esto es,
entre la indirecta legítima y la indirecta ilegítima. Lo antedicho permitirá
determinar en cuales casos se precisa la intervención de una compensación y el
mantenimiento de la medida y, en cuales, el levantamiento puro y simple de la
medida; ya que, si bien es cierto que esta no se encuentra sancionada
expresamente por el texto constitucional, no menos cierto es que una correcta
interpretación constitucional sugiere su modulación para que no afecte, grosera
y perpetuamente, al propietario sin otorgarle la correspondiente contraprestación
compensatoria.
Como hemos visto hasta ahora, el tipo de expropiación indirecta
necesariamente va de la mano con el grado de la afectación al derecho de
propiedad producido con la intervención estatal, es decir, dependerá del nivel
de la medida adoptada y el objeto perseguido con ella. Cuando la lesión es leve
habrá de entenderse que la expropiación indirecta es legítima[4]
y, cuando es grave, por analogía, se entiende que es ilegítima. Todo esto encuentra como justificación que el
bien inmueble afectado se encuentra revestido de un interés público tal que
beneficiará a todo un colectivo. Por esto es que nos inclinamos por que las
expropiaciones indirectas deben ser vistas caso por caso, pues todo dependerá
de la dimensión del agravio que recaiga sobre el derecho de propiedad.
Así, a partir de lo estudiado, podemos colegir que la medida tendente a
limitar el derecho de propiedad es pura y simplemente eso, una medida
regulatoria. Ahora bien, cuando los efectos de la medida alcanzan niveles
excesivos ella reviste una expropiación indirecta que, cuando es legítima
procede su mantenimiento y que el Estado adquiera el bien indemnizando al
propietario, mientras que, si es ilegítima o infundada lo único procedente es
eliminar la medida que, en principio, se consideraba regulatoria.
A modo de hipótesis ─para darnos a entender mejor─ relataremos una
casuística en la que presentaremos ejemplos de: a) la medida regulatoria per se; b) la expropiación indirecta
legítima y, c) la expropiación indirecta ilegítima.
Hipótesis: “El señor ‘X’ es propietario de unos terrenos ubicados en el litoral
Este de la isla, conforme al certificado de título número 00000 en la playa
Bávaro, los cuales adquirió con la finalidad de, algún día, construir un
complejo hotelero. A dichos terrenos, en los últimos años, se han presentado a
desovar varios grupos de tortugas Carey, las cuales son una especie en peligro
crítico de extinción.”
a)
Escenario de una medida regulatoria per se y sus consecuencias: Ante la hipótesis anterior el
Ministerio de Medio Ambiente, con la intención de preservar la supervivencia de
tales especies en situación crítica de extinción, dictó una resolución mediante
la cual prohíbe la construcción de cualquier edificación en la referida área
hasta tanto culmine el período ─6 meses─
en que las tortugas desoven y tanto ellas como sus crías migren al mar, a
fin de garantizar que tales especies no correrán ningún riesgo.
Lo anterior supone una medida regulatoria que afecta el derecho de
propiedad privada del señor ‘X’ puesto que durante el período señalado en dicha
resolución ─6 meses─ no podrá, en resumidas cuentas, disfrutar a plenitud de su
derecho de propiedad; sin embargo, la afectación a la que hemos hecho
referencia más arriba no alcanza dimensiones meteóricas como para suponer
una expropiación indirecta, sino que es una medida
regulatoria pura y dura, ya que una vez transcurra el plazo de marras ipso facto la medida queda levantada y
cesan sus efectos.
b) Escenario de una expropiación forzosa indirecta legítima y sus consecuencias:
Ante la
hipótesis anterior el Ministerio de Medio Ambiente, con la intención de
preservar la supervivencia de tales especies en situación crítica de extinción,
dictó una resolución mediante la cual prohíbe la construcción de cualquier
edificación, de por vida, en la
referida área, a fin de garantizar que tales especies no correrán ningún
riesgo.
Esta medida comporta una afectación excesiva al derecho de propiedad del
señor ‘X’, puesto que jamás podrá disfrutar a plenitud de las prerrogativas que
se desprenden de tener dicho derecho de propiedad; el matiz de excesivo lo
adquiere cuando detentar la titularidad del bien ─materialmente hablando─ no le
sirve de nada al propietario. En este supuesto nos encontramos frente a una expropiación indirecta legítima,
siendo lo correcto mantener la medida que se adoptó en salvaguarda de la
especie en extinción y resguardo del medio ambiente (interés público), pero, al
mismo tiempo, se estila que el Estado adquiera el bien previo pago del justo
valor, a título de indemnización, a su propietario (interés particular).
c) Escenario de una expropiación forzosa indirecta ilegítima y sus
consecuencias: Ante
la hipótesis anterior el Ministerio de Medio Ambiente, con la intención de
preservar la supervivencia de tales especies en situación crítica de extinción,
dictó una resolución mediante la cual prohíbe la construcción de cualquier
edificación en la referida área hasta tanto culmine el período ─6
meses─ en que las crías de tortuga desoven y migren al mar, a fin de
garantizar que tales especies no correrán ningún riesgo. Sin embargo, transcurrido el período de referencia al
señor ‘X’ se le impidió ingresar a su inmueble e iniciar los procedimientos de
construcción de su complejo hotelero bajo la premisa de que los efectos de la
susodicha resolución se mantienen vigentes, dada la posibilidad de que
tales especies ─que en el momento no se encuentran─ retornen a reproducirse.
Acá la afectación ─en principio─ comportaba una simple medida
regulatoria; en cambio, cuando el Ministerio de Medio Ambiente pretende
fundamentar su mantenimiento intempestivo no lo hace con una justificación
válida, ya que las especies ─en el momento─ no se encuentran en el lugar y
mientras tanto el propietario se encuentra impedido de disfrutar ─en todos los
sentidos─ de su derecho sin perder su titularidad. En un contexto como este nos
encontramos frente a una expropiación
indirecta ilegítima frente a la cual, a nuestra consideración, la única
solución operativa es la eliminación o levantamiento de la medida adoptada, ya
que su mantenimiento no tiene asidero alguno y el Estado no tiene interés en
adquirir el inmueble previo pago de su justo valor, sino beneficiar a la
colectividad lacerando el derecho de un particular.
Llegados a este punto, es oportuno delimitar los elementos o rasgos para
establecer cuando nos encontramos ante una expropiación indirecta legítima, que
─de los tipos analizados precedentemente─ es aquella en la que se presentan los
mismos requisitos que prevé la Constitución dominicana para la expropiación
forzosa directa, a saber: (i) una causa justificada de interés público y
social; (ii) un debido proceso y, (iii) la previsión de una compensación o
indemnización.
De ahí que, conforme a las garantías procesales mínimas instituidas en
los artículos 68 y 69 de nuestra Ley Sustantiva, en un contexto en donde haya
indicios de una expropiación indirecta ─legítima o ilegítima─ la persona
afectada en su derecho de propiedad tiene la posibilidad de interponer una
acción de amparo ─en los términos previstos en la Constitución y la ley número
137-11─ para la restauración del derecho fundamental afectado o el cumplimiento
del acto administrativo ─decreto o resolución─ o dispositivo legal mediante el
cual se haya dado curso a la medida que, al tornarse excesiva, ha adquirido los
caracteres de una expropiación indirecta. Para conferirle dicho calificativo se
debe tomar en cuenta lo siguiente:
v Que la medida de limitación al
derecho de propiedad privada tienda a salvaguardar el interés público.
v Que dicha medida impacte
excesivamente el derecho de propiedad privada, de modo tal que el mismo sea
prácticamente ineficaz para su titular, esto es, que la medida tenga efectos
similares o equivalentes a los de la expropiación directa.
v Que la medida sea por un tiempo
indefinido o por un intervalo excesivo respecto de los fines públicos para los
que fue adoptada.
v Que la medida de limitación al
derecho de propiedad no se corresponda con el objetivo que pretende alcanzar la
administración pública con ella.
v Que haya una intención real del
Estado en afectar al propietario, la cual se puede desprender de la explotación
del bien y la ausencia de una compensación por la notoria pérdida de las
prerrogativas del derecho de propiedad.
El resultado de poder identificar cuando nos encontramos ante una
expropiación indirecta ─legítima o no─ o de una medida regulatoria, es lo que
nos permitirá ─ante cualquier violación a la normativa constitucional y legal─
utilizar los procedimientos constitucionales correspondientes para
salvaguardar, proteger y, de ser necesario, restaurar los derechos
fundamentales de la colectividad y los particulares, cuestión de que tanto el
Estado como las personas ─físicas y privadas─ titulares de un derecho a la
propiedad inmobiliaria puedan alcanzar sus pretensiones.
CONCLUSIONES
Así, de todo lo expuesto hemos visto que la expropiación indirecta
supone una especie de garantía que tiene el propietario de un bien inmueble
frente a la afectación ocasionada por el Estado a su derecho fundamental. Esta
─la afectación─, si bien no cuenta con todas las características de una
expropiación directa, posee efectos y consecuencias jurídicas similares que, en
el fondo, dan cuenta de la pérdida de los beneficios que configuran el indicado
derecho o, al menos, los elementos esenciales del mismo.
Las expropiaciones indirectas pueden ser legítimas o ilegítimas, y se
dan cuando las medidas afectan en exceso el derecho de propiedad, es decir, a
un punto tal en el cual pareciera que el mismo es ineficaz o inexistente, que
ha desparecido. Se sugiere que su determinación, así como su carácter, se haga
caso por caso para arribar a la solución más oportuna.
Para los casos en que la expropiación indirecta sea legítima sugerimos
que se abogue por el mantenimiento de la medida regulatoria que ha dado lugar a
la expropiación, previo pago de una justa indemnización o compensación a favor
del propietario, mediante los mecanismos correspondientes, lo cual conlleva
que, a su vez, el Estado adquiera el bien.
Así, comulgamos con que, si la pretensión es que las expropiaciones
indirectas legítimas trasciendan en el tiempo ─ya que es el interés social lo
que debe primar─ debemos entonces asumir como Estado el cumplimiento de los
requisitos que se exigen para las expropiaciones directas ─pagar antes de
expropiar─; entonces, así, se conserva el beneficio de la medida y se evita un
daño al particular.
Ahora bien, cuando la expropiación indirecta sea ilegítima, somos de
opinión de que lo único que procedería sería el levantamiento o eliminación de
la medida, a fin de hacer cesar la turbación o limitación irregular que afecta
el derecho del propietario, ya que de lo contrario estaría auspiciándose una
vulneración al indicado derecho fundamental sin una justificación válida, como
sería un interés público o en beneficio de un colectivo.
En fin, aun no existiendo una disposición legal o referente
jurisprudencial para analizar los casos en que se presente una expropiación
indirecta y detectar la calificación de la misma, lo que sí ha de considerarse
importante es que frente a la acción de la Administración ─observando las
dimensiones de la misma─ se debe garantizar, al propietario afectado por una
expropiación indirecta, una efectiva protección de sus derechos mediante la
justa compensación ─cuando es legítima─ o la eliminación de la o las medidas
que dan lugar a este tipo de expropiación ─cuando es ilegítima─, según
corresponda.
Insistimos pues, en que las herramientas procesales efectivas e
inmediatas que tiene a mano el propietario afectado de una expropiación
indirecta son la acción de amparo ordinaria ─cuando busca la eliminación de la
medida calificada como expropiación indirecta ilegítima, dado su carácter
arbitrario e ilegal─ y la acción de amparo de cumplimiento ─cuando la
expropiación indirecta es legítima y se impone mantener la medida regulatoria
con abono al pago de la justa indemnización─ conforme los términos de la
Constitución y la ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de
los procedimientos constitucionales.
[1]
Conforme rezan la V enmienda (1791) de la Constitución de los Estados Unidos de
América “(…) nor shall private property
be taken for public use, without just compensation” (la propiedad no será
tomada para utilidad pública, sin justa compensación) y la XIV enmienda (1868)
de la Constitución de los Estados Unidos de América “(…) nor shall any State deprive any person of life, liberty, or
property, without due process of law” (ningún Estado privará a cualquier
persona de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso).
[2] MIRA. José. “Que debe entenderse por
expropiación indirecta en el marco de los Tratados de Protección de Inversión”.
2013. p. 1. Consultado en línea el 27/7/2017.
Enlace:http://www.drmirajose.com.ar/downloads/articulos/Que%20debe%20entenderse%20por%20expropiacion%20indirecta%20en%20el%20marco%20de%20los%20Tratados%20de%20Proteccion%20de%20Inversion.pdf
[3] VELASQUEZ MELÉNDEZ, Raffo.
“Expropiación indirecta. Justificación, regímenes, casos, criterios y usos”.
2013. Ius et veritas: Perú. pp. 233-234. Consultado en línea el 24/7/2016. Enlace:
revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/11970/12538.pdf
[4] Este y todos los subrayados y énfasis son
nuestros.
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