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Por: Edgar Torres Reynoso ( @ETorres_Reynoso ) En República Dominicana durante años el ejercicio de la abogacía, desde el punto de vista académico, ha recibido intentos de aumentar su regulación, tratándose de adicionar parámetros éticos y profesionales para el acceso a su ejercicio. Tal es el caso del proyecto de ley presentado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2012, que pretendía regular el ejercicio de la abogacía [1] y de los notarios públicos. En este proyecto se establecían una serie de requisitos académicos para poder ejercer la profesión, incorporándose además nuevos deberes y obligaciones ─adicionales a los establecidos en la Ley 91 de 1983─ para los abogados. Sin embargo, el proyecto no ha sido sancionado por las cámaras legislativas quedando prácticamente en el olvido. Actualmente, el ejercicio de la abogacía se encuentra regulado por: a. La Ley 91 de 1983 que crea el Colegio de Abogados, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional med...

Por: William Vizcaíno Canario Bien sabemos que la expropiación forzosa es un tema bastante controversial y que ha cobrado auge con las disposiciones del artículo 51.1 constitucional. La problemática inicia con la estrecha línea divisoria entre el acto expropiatorio directo y el acto entorpecedor de los intereses y derechos de aquella persona que posee un título legal sobre una propiedad privada, en beneficio del interés general; en tal sentido, este último comporta el escenario en el que se configura una expropiación indirecta, la cual, puede ser legítima o ilegitima, como veremos más adelante. A la fecha esta institución jurídica no se encuentra delimitada por ningún instrumento jurídico de nuestro ordenamiento, de ahí nuestra inquietud en realizar algunas precisiones para evitar que con su uso se conculquen derechos consolidados. Para comprender la figura de la expropiación indirecta en el derecho interno dominicano, luego de conceptualizarla, se precisa analizar los crite...